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Escándalo de tarjetas de débito sacude la Legislatura: Concejal massista y su padre detenidos

Facundo y Claudio Albini se entregan a la justicia en medio de investigaciones por corrupción legislativa

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En un nuevo giro del escándalo de las tarjetas de débito en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el concejal y dirigente massista, Facundo Albini, junto a su padre Claudio Albini, se entregaron este miércoles en una comisaría de La Plata, respondiendo a la orden de prisión preventiva emitida por el juez Guillermo Atencio el martes pasado. La investigación, que ya tiene al puntero Julio «Chocolate» Rigau tras las rejas, busca esclarecer el presunto uso indebido de tarjetas vinculado a la corrupción en el ámbito legislativo.

Los Albini, reconocidos militantes del Frente Renovador, se presentaron en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense en La Plata, acompañados por sus abogados. La medida de prisión preventiva se suma a las indagaciones sobre una presunta maniobra de defraudación que supera los 800 millones de pesos, iniciada al menos en 2021 con numerosos contratos, y que podría comprometer a varios legisladores.

Facundo Albini, concejal platense recientemente reelecto en la lista encabezada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y Julio Alak, es parte del partido fundado por Sergio Massa. Por su parte, Claudio Albini ocupó el cargo de subdirector de personal en la Legislatura bonaerense.

El escándalo de los empleados fantasma en la Legislatura salió a la luz, llevando a la fiscal Betina Lacki a solicitar la detención de 15 de los 48 titulares de las tarjetas de débito involucradas. Se sospecha que estos trabajadores recibían beneficios a cambio de entregar su salario, generando un desvío de fondos significativo. Rigau, quien se llevaba alrededor de 30 millones de pesos por mes, fue detenido tras ser descubierto extrayendo dinero de cajeros con 48 tarjetas de débito.

Las investigaciones apuntan a Claudio Albini como el presunto líder de la asociación ilícita, mientras que su hijo Facundo habría colaborado para el funcionamiento de la organización delictiva dentro de la Cámara de Diputados. Se sospecha que ambos diseñaron una estructura para obtener fondos públicos, destinados a financiar la política y campañas electorales.

La ONG Poder Ciudadano, querellante en el caso, busca que algún implicado se acoja al programa de testigos protegidos para colaborar con la Justicia. Mientras tanto, el juez Atencio dictó prisión preventiva para Rigau por «fraude a la administración pública» y denegó el pedido de excarcelación extraordinaria. La causa sigue en desarrollo, revelando un entramado de corrupción que ha sacudido la política bonaerense.


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