El escándalo judicial que envuelve al concejal con prisión preventiva expuso una vez más las miserias de la política local y la especulación mezquina de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. El trasfondo real de la disputa no es la legalidad, sino el miedo de que Gulino no responda a los alineamientos de Daniela Monzón.
Por un lado, Carla Bruno montó un show mediático e hipócrita para defender una supuesta «letra dura de la ley», priorizando chicanas reglamentarias por sobre el derecho elemental de los vecinos de Bragado a tener garantizada su representatividad en el Concejo Deliberante. En la vereda opuesta, figuras como Pilar Vives y Marita Gelitti defendieron la institucionalidad y el derecho ciudadano frente a especulaciones partidarias.
De no haberse aprobado la cobertura, el recinto habría funcionado con una banca vacía de manera indefinida, mientras el edil detenido continuaba cobrando sus haberes.
Pero lo más grave es la absoluta falta de decencia política: más allá de que la justicia determine su culpabilidad, en su domicilio se secuestraron restos de narcóticos y elementos de corte y fraccionamiento. En un país serio, los dirigentes de LLA estarían agotando todos los recursos para exigirle la renuncia inmediata a su banca, en lugar de especular mezquinamente con la pérdida circunstancial de un voto aliado. La protección corporativa le gana, una vez más, a la ética pública.
